Cada vez hay más familias sin recursos que se ven obligados a instalarse en casas vacías. Los vecinos piden regulación

Ya llevamos publicadas unas cuantas noticias sobre okupas y de tan manido, es probable que no se haga mucho caso

Ahora subimos un artículo genérico que es interesante se lea

Ante la cantidad de okupaciones, nuestras autoridades no han tenido más remedio que ponerse manos a la obra

Y, como siempre, esperemos que sean ágiles. Son demasiadas las veces que se anuncia tal o cual iniciativa y cuando se aplica ya es obsoleta

Este chalet de lujo situado en Cambrils está okupado y los vecinos se quejan de que allí se celebran «ruidosas fiestas». Foto: Pere Ferré

La ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno en aumento. Si bien antes eran colectivos muy concretos, en gran parte antisistema, cada vez son más las familias sin recursos que se instalan en pisos, o incluso en chalets, la mayoría propiedad de bancos. Buscan una oportunidad. Pero no es fácil de gestionar. Pese a que en ocasiones la convivencia con los demás vecinos es buena, también se han generado situaciones de conflicto. Y la sensación de impotencia es cada vez mayor.

En el caso de Cambrils, Vilafortuny es un claro ejemplo de esta problemática. Los casos de ocupaciones de viviendas unifamiliares se han convertido casi en habituales en los últimos meses. Hay vecinos que lamentan que no viven tranquilos, que tienen miedo. Y que la ley no les ayuda. «Algunos incluso pinchan el agua, la luz y utilizan los servicios de la comunidad. Ha habido casos polémicos y esto perjudica la convivencia», lamenta un vecino. «Si hay familias que no tienen techo, hay que buscarles una solución. Está claro que su situación es insostenible. Pero tampoco debería permitirse que se instalaran impunemente en casas ajenas», señala otra vecina. Ambos mantienen el anonimato porque no se sienten seguros. «Solo pedimos que se garantice la seguridad ciudadana, y que se apliquen las políticas adecuadas», añaden.

Cambrils pide ayuda al Govern

Ante esta realidad, la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, trasladó ayer la problemática al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Le pidió que el Govern dote a los municipios de las herramientas necesarias para afrontar de forma adecuada este problema. También le pidió ayuda en materia de vivienda social. Y es que Cambrils tiene detectadas alrededor de 60 ocupaciones, la mayoría de ellas en viviendas propiedad de bancos, un hecho que hace las gestiones mucho más complejas.

En Salou, el consistorio tiene detectados unos 50 inmuebles ocupados. Dos de los focos son la calle Vendrell y Cap Salou. El perfil de estos inquilinos ilegales responde al de familias necesitadas acuciadas por la crisis, «aunque hay de todo», explica David González (PSC), concejal de Seguridad Ciudadana. «No es un problema alarmante que esté ocasionando muchas quejas y denuncias de los vecinos», añade.

La Torre Salou, popularmente conocida como torre torcida y uno de los edificios más emblemáticos de Cap Salou, se ha convertido en vivienda de okupas. Su historia es llamativa. Construido en 1964, se torció al haber sido levantado sobre arena. Fue desalojado y desvalijado hace años y posteriormente rehabilitado… y okupado.

«En Cap Salou, como en otras zonas turísticas, hay muchas viviendas vacías, algunas nunca habitadas, abandonadas. Y hay personas que las están ocupando porque no tienen medios o incluso por ideología o estilo de vida. Que yo sepa no dan problemas», explica un vecino.

«Okupas hay bastantes, incluso en chaletazos. En general, son buena gente», añade otro, que apunta que se han producido «desalojos o intentos de desalojo» con la policía mediante.

Los propietarios de estos inmuebles son mayoritariamente bancos, pero también particulares que los tienen como segunda residencia. En otoño e invierno, cuando desciende el volumen de turistas y hay más apartamentos vacíos, se incrementa la llegada de okupas. «No se concentran solo en la zona turística, sino también por el pueblo. En algunos edificios en los que vive gente durante todo el año se han registrado problemas de convivencia porque los okupas no respetan las normas: hacen ruido a altas horas de la noche, causan desperfectos en las zonas comunes y hasta han tenido enfrentamientos con vecinos», señala un administrador de fincas. Urbanizaciones de otros núcleos, como de Mont-roig del Camp, también sufren las consecuencias. La zona del Casalot lleva años conviviendo con ello.

Cristina Santos, miembro de la junta de gobierno del Col·legi d’Advocats de Reus y responsable de la comisión del turno de oficio, explica que en el último año ha habido un aumento de denuncias en este tipo de procedimientos, «tanto en los juzgados como en las peticiones que nos llegan para la designación de letrados de oficio». «Pero hay que ir caso por caso y ver si merece reproche penal o recurrir a la vía civil», apunta.

Convivencia en Tarragona

Antes de la crisis, aquellas casas antiguas y abandonadas de la Part Alta de Tarragona y zona centro eran un reclamo para el colectivo okupa, jóvenes que recuperaron ese inmueble y lo habitaban creando sus propias reglas. La Plaça dels Sedassos ha sido un ejemplo hasta hace poco de la convivencia de este perfil de okupa y vecinos de toda la vida.

Con la crisis, empezaron los desahucios a mansalva y muchas familias perdieron su capacidad de mantener sus viviendas. Los bancos se apropiaron de ellas y la ciudad se llenó de indignación y de un gran número de carteles que señalaban que aquella morada era ahora propiedad de la entidad financiera. La gente desahuciada y sin recursos se vio en la necesidad de encontrar un techo donde vivir. Gente mayor de edad, familias con niños… los okupas de la crisis pasaron de ser jóvenes idealistas a personas desesperadas, muchas con niños.

Los barrios de trabajadores, principalmente en Ponent, son los que se vaciaron con la crisis y en ellos se encuentran la mayoría de las ocupaciones de la ciudad. Campclar, Bonavista, Torreforta, La Floresta… son algunos ejemplos. «Es gente sin recursos que intenta tener un techo», explican desde las asociaciones vecinales. «Si hacen un empalme fraudulento de agua y electricidad que no afecta a la comunidad, la gente es permisiva. El problema es cuando el consumo de servicios repercute en un mismo contador del bloque y entonces surgen los problemas en la comunidad».

Vila-seca y el núcleo de La Pineda se estima que las casas ocupadas no llegan a las diez y los perfiles de los ‘inquilinos’ son muy diferentes: gente con antecedentes policiales, familias con niños y emigrantes. La relación con la comunidad aparentemente es tranquila, salvo en aquellas viviendas donde pueda haber trapicheos y la presencia de gente ‘extraña’ provoca comentarios e incomodidad entre el vecindario, según han explicado varias fuentes al Diari.

En Reus, la problemática se concentra más en barrios como el Gaudí, donde hace apenas unos meses hubo polémica alrededor de una organización que se encargaba de ‘reventar’ los pisos para después cobrar un alquiler ilegal a los inquilinos. A través de la actuación discreta de las fuerzas policiales y de la presión vecinal, la Associació de Veïns del Barri Gaudí logró diluir una de estas organizaciones y que la otra fuera perdiendo fuerza. Su actividad se centra en abrir inmuebles y luego alquilarlos a familias desesperadas.

Consejos

– Denuncia a la policía. En el instante en que un propietario descubre que su piso ha sido okupado, lo mejor es avisar a la policía y poner una denuncia ante el Juzgado de Guardia o en la Comisaría.

– ¿La puerta está abierta o cerrada? Si cuando la policía llega la puerta de la casa está abierta, podrán echarles. Pero si está cerrada hace falta una orden judicial, un proceso largo y costoso.

– Litigio judicial. Es aconsejable contratar a un abogado, que podrá acusarles de delito de usurpación por instalarse en una vivienda sin autorización. Aunque el propietario gane el juicio y los okupas sean condenados a pagar los costes, suelen ser declarados insolventes y los costes los asume el propietario.

– Vale un 39,3% menos. Según una estimación de Idealista, un inmueble que se pone a la venta con okupas ve su precio mermado en un 39,3%.