La Costa Daurada tiene aún más de 37.000 pisos de uso turístico ilegales

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Desde junio de 2012, 9.560 apartamentos y viviendas de la provincia de Tarragona han sido dadas de alta en el registro de la Generalitat, apenas un 20 % de todo el parque

“Esta es una noticia interesante porque viene a intentar poner un poco en orden el tema del alquiler de apartamentos
Es de muy difícil solución, todos conocemos a alguien que alquila su apartamento con toda la buena fe del mundo. No pensamos que de cierta manera podemos perjudicar a alguien
Tarde o temprano, las autoridades correspondientes empezarán a investigar”

La Generalitat inició en 2012 la regularización de los apartamentos turísticos. Foto: Pere Ferré

«En la Costa Daurada todavía hay más de 37.000 viviendas y apartamentos de uso turístico sin legalizar», indica la Associació d’Apartaments Turístics. De los 47.000 inmuebles que hay de este tipo, sólo 9.560 se han dado de alta en el registro de la Generalitat de Catalunya. La regularización de este sector avanza lentamente. Sigue habiendo alquileres fraudulentos, sin declarar. Economía sumergida y competencia desleal para aquellos que sí cumplen la normativa. Se comercializan sobre todo a través de internet y son de particulares que los alquilan por libre.

«Ocasionan un daño inmenso al sector turístico. La calidad de su servicio es peor y dan mala imagen. Además, como no pagan impuestos ofrecen unos precios más baratos con los que los demás no pueden competir», afirma Josep Graset, presidente de la Associació d’Apartaments de la Costa Daurada.

«Las agencias normalmente cumplen con la normativa, el problema son los particulares que alquilan directamente. Suelen ser propietarios de fuera, de Zaragoza, Barcelona, Madrid…, que alquilan sus segundas residencias a familiares o personas conocidas de su ciudad para sacar un rendimiento económico y cubrir gastos», explica Àlex Savé, administrador de fincas de Salou.

La Generalitat inició en junio de 2012 el proceso de regularización. La Direcció General de Turisme disponía hasta entonces de muy poca información sobre los apartamentos turísticos –les llegaba a través de los gestores inmobiliarios y no de los dueños–; mientras que las viviendas de uso turístico estaba en un limbo de difícil supervisión. «Cada vez hay menos ilegales. Estamos trabajando de la mano de la administración para llegar a un acuerdo de colaboración para perseguir esta bolsa de alojamientos que no están debidamente registrados y legalizados», dice Graset.

Para darlos de alta, sus propietarios deben dirigirse al ayuntamiento donde están ubicados. Cada consistorio fija sus propios requisitos. «Es difícil porque no todos piden los mismo. Algunos cobran por registrarse», lamenta Graset.

El incremento de las sanciones ayuda a que cada vez haya más regularizados. La Generalitat ha intensificado las inspecciones en busca de irregularidades. Desde 2012 ha abierto 1.500 expedientes informativos y 150 sancionadores en la Costa Daurada. Las multas pueden ascender a 90.000 euros. «Al que le gusta ir de incógnito sólo se decide a pagar cuando le aprietan», comenta el presidente de los apartamentistas.

Los municipios con más demanda turística, como Salou, Cambrils o Vila-seca, son los que concentran la mayor parte de estos alojamientos, aunque también hay en localidades de interior. En algunos casos están intercalados dentro de edificios y urbanizaciones de vecinos. Sus dueños los alquilan por días en temporada turística, con las consiguientes quejas del resto de residentes. No obstante, si todo está en regla y se respeta la normativa, «la convivencia entre los turistas y los vecinos suele ser correcta. Los problemas son esporádicos», asegura Savé.

Los hoteleros también se sienten perjudicados por estos alquileres ilícitos. Eduard Farriol, presidente de la Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, critica que «siempre se ha hecho la vista gorda. Si se quiere inspeccionar es muy sencillo: sólo con buscar un poco en internet, carteles colgados y anuncios se podría hacer un seguimiento».

Por su parte, Octavi Bono, director del Patronat de Turisme de la Diputació, apela a la responsabilidad de los propietarios: «Cuando preguntamos a nuestros visitantes cómo se han informado de la realidad de la zona, la mayoría nos dice que a través de comentarios de otros usuarios. Cuanto mayor sea la calidad del producto, mayor será el grado de prescripción»

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