Vecinos de Cambrils reclaman al banco por la vía judicial los gastos de desalojar ocupas

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Parece mentira, que tengas que pleitear con un banco para que se hagan cargo de lo que no ha hecho ese banco, es de delito

Lo más grave es que los bancos, en muchos casos, no se hacen responsables de sus malas decisiones

Pero pobre de ti que no cumplas con las que te han impuesto. Te mandan un ejército de abogados y te cuecen  a recargos

Vecinos de Villajardín de Vilafortuny tuvieron que ir a juicio el año 2016 para echarlos

Interior del complejo residencial Villajardín, donde se produjo la ocupación de un inmueble en 2016.

Los vecinos del complejo residencial Villajardín de Vilafortuny (Cambrils) han denunciado en Sabadell Real Estate Development. S.L. (el Banco Sabadell) delante de el juzgado de primera instancia número 2 de Reus para reclamarle que abone los gastos que supusieron para la comunidad echar una pareja de ocupas muy problemática que accedió a una de las viviendas que, entonces, era propiedad de la entidad bancaria.

Los hechos tuvieron lugar el verano de 2016, pero aunque el banco vendió la vivienda entonces ocupado y se comprometió a pagar todas las cargas del inmueble, todavía no lo ha hecho. La comunidad de vecinos pide los 3.400 euros de gasto que tuvieron que afrontar cuándo fueron a juicio contra los ocupas y tuvieron que contratar a un abogado y un procurador. El juez ha citado a ambas partes el próximo 19 de octubre.

Los hechos se remontan en agosto de 2016 cuando, hacia las cinco y media de la tarde, un hombre y una mujer accedieron al número 63 de la avenida Vilafortuny. Entraron a la casa adosada número 59 –que era propiedad de Solvia- con intención de ocuparla y lo consiguieron. El resto de vecinos de la comunidad los recriminaron la entrada y se inició una discusión en el transcurso de la cual, según recopilación la mujer amenazó a otra vecina. El hombre y la mujer consiguieron enganchar las redes de suministro eléctrico y de agua a la de la comunidad con la ayuda de terceras personas y sin el consentimiento de los residentes y se quedaron en la casa hasta el mes de septiembre, cuando se marcharon después de que los vecinos consiguieran una orden de alejamiento por las amenazas que habían proferido contra ellos. Antes de eso, la tensión entre los vecinos y los ocupas se elevó hasta el punto de tener que requerir la intervención de los Mossos cuando a los vecinos les recriminaron haber dejado entrar un numeroso grupo de personas a disfrutar de la piscina comunitaria.

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